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Correo de lector

Una necrológica, testimonio cruel del genocidio

Por EMILIO AUGUSTO RAFFO (www.REPUBLIK.com.ar) - Como testimonio cruel del genocidio que debió sufrir América Latina, se puede leer en un diario de “tirada” nacional la siguiente necrológica: “Sosa, Luis Emilio, Cap. Frag., q.e.p.d., falleció en cautiverio. - La promoción 80 de la E.N.M. despide a un digno camarada”.
Una necrológica, testimonio cruel del genocidio.

Por EMILIO AUGUSTO RAFFO (www.REPUBLIK.com.ar) - Como testimonio cruel del genocidio que debió sufrir América Latina, se puede leer en un diario de “tirada” nacional la siguiente necrológica: “Sosa, Luis Emilio, Cap. Frag., q.e.p.d., falleció en cautiverio. - La promoción 80 de la E.N.M. despide a un digno camarada”.

Este marino, responsable del asesinato de dieciséis detenidos políticos en el año 1972, jamás estuvo preso, aunque sí condenado por la administración judicial argentina. Fue responsable junto a Carlos Amadeo Marandino, Emilio Jorge Del Real, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista de dicho accionar. Permanece prófugo Roberto Guillermo Bravo, un ex militar de 72 años, detenido en marzo de 2010 en Estados Unidos, en donde permanece en libertad a la espera del trámite de extradición. Todos en su momento fueron protegidos, según denuncia histórica, por parte de nuestras fuerzas armadas.

Debemos recordar este asesinato de dieciséis miembros de distintas organizaciones peronistas y de izquierda, presos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la base aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la armada argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, en la patagonia austral.

A mi modesto entender, y por una cuestión meramente generacional, fue el caso paradigmático de la violación a los derechos humanos desde el aparato represivo estatal en épocas de dictaduras cívico militares. También corresponde esta aseveración con respecto al asesinato del general Juan Jose Valle y los fusilamientos de junio de 1956 -todos ellos en nombre de la “libertad”- o los múltiples consumados a partir de 1976.

A más de cuarenta del suceso que motiva esta nota, todos los autores de tan brutal accionar se encuentran en libertad. A partir de la derogación y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y gracias al accionar del juez Ricardo Sastre, que evitó la prescripción de la causa, el capitán Sosa fue detenido y llevado al juez natural, al igual que el resto de los inculpados.

A pesar de la inicial detención, todos los inculpados aguardaron su juzgamiento excarcelados, pese a que algunos de ellos estuvieron prófugos de la justicia a partir de 2004.

En octubre de 2012, una multitud respetó el silencio pedido por el presidente del TOF, Enrique Guanziroli, al iniciar la lectura del veredicto, silbó en protesta de las absoluciones de Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y festejó con aplausos, llantos y de pie al grito de “asesinos” las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta de Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.

Lo cierto es que a años de esa histórica sentencia -aguardada durante cuarenta años- ninguno de los responsables de tan atroz asesinato cumple su condena en la cárcel. Por motivos diversos -la mayoría por tratarse de “viejitos”- lograron morigerar su condena y gozan de los beneficios que los jueces responsables de su ejecución les otorgaron.

La realidad es que son tan peligrosos como antes. Las manifestaciones del ex comisario Etchecolatz, con motivo del juicio de “La Cacha” (“No sé a cuántos maté y lo volvería a hacer”), o del represor Jorge Capitán, que gozaba de libertad y que denunciado por el diario Tiempo Argentino el 24 de marzo pasado habilitó la revocación de ese irritante beneficio (“No me arrepiento de nada”, había dicho) es una prueba irrefutable de ello. Por solo citar dos casos y sin reseñar los múltiples y constantes casos de violación -cuando no, la actitud burlona- de dicha franquicia.

El pasado 6 de marzo el juez Claudio Pontet dictó la falta de mérito del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, acusado por violación a los derechos humanos, coautor de los asesinatos de dos obreros gráficos y de hacer aportes esenciales para facilitar el accionar represivo desde 1976. Similar situación con la cual se benefició al titular del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, vinculado a secuestros extorsivos, entre otros, los de la denominada “Noche del Apagón”.

El día antes, el juez Julián Ercolini rechazó tomarle declaración indagatoria al CEO de Clarín, Héctor Magnetto; a su dueña, Ernestina Herrera de Noble; y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, por el despojo de Papel Prensa, que sufrieran los integrantes de la familia Graiver (entre otros horribles vejámenes que debieron sufrir).

Días después, la Sala III de la Cámara Federal dictó una resolución similar al ex jefe de Redacción de Para Ti, Agustin Botinelli, decretando la falta de mérito como consecuencia de la publicación de un reportaje falso a Thelma Jara de Cabezas, quien estaba secuestrada en la ESMA.

Del mismo modo vemos a diario cómo una jueza federal, quien ha asumido el rol de querellante en representación de las hijas menores del fallecido fiscal Alberto Nisman, es injustificadamente recibida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y peticiona con inusitada frecuencia medidas tendientes a paralizar la investigación, manteniendo así la convulsión social generada por tan resonante caso.

Mientras ello ocurre, el “Ángel de la Muerte”, Robledo Puch, permanece en la cárcel desde hace 43 años, cumpliendo una justa condena por la comisión de once homicidios, diecisiete robos y dos casos de abuso deshonesto.

Tras el fallo de la Cámara Federal que ratificó la sentencia del juez Rafecas, rechazando la apelación por la infundada y disparatada denuncia del ex fiscal Nisman contra la presidenta y su canciller, el fiscal actuante doctor Germán Moldes admitió que puede administrar los tiempos para evitar que le toque “un fiscal militante de Justicia Legítima” en el recurso que interpondrá contra esa sentencia, buscando un fiscal “que le resulte simpático”. Eso y decir que se pueden elegir juez y fiscal permisivos, permeables a sus pretensiones, es tanto como asegurarse el resultado de la petición. Posibilidades éstas vedadas a los ciudadanos de a pie.

Alguna vez se dijo que Sosa no cumplía tareas en la base aeronaval de Trelew, pero que sí estuvo allí para cumplir las órdenes del general Lanusse y su ministro del Interior, Arturo Mor Roig, ilustre militante radical y ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación hasta 1966.

Sosa fue detenido en febrero de 2008 en una mueblería de Capital Federal. Fue trasladado a Rawson. La causa se había reabierto luego de que el juez Hugo Sastre la considerara de lesa humanidad. Declaró con la versión oficial de la fuga, pero en el juicio en el cine teatro “José Hernández” prefirió el silencio. Por eso en la segunda audiencia se leyó lo que ya le había contado a Sastre. Sonó como la breve historia de un militar disciplinado pero que se definía conciliador y sin rencores

Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Cabrera de Monella, del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, no creyeron esa versión oficial y lo condenaron. Con cáncer y al cuidado de su esposa Estela González, nunca estuvo en cárcel común.

El corto y escueto aviso fúnebre que inicia esta nota nos pone, hasta la evidencia, la falta de arrepentimiento y peligrosidad de algunos personeros del terrorismo estatal y la falta de un ansiado espíritu conciliador.

Todavía suena en nuestros oídos la declaración de otro condenado por delitos similares. “No sé a cuantos maté, pero lo volvería a hacer”. (22/07/16)

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